¿cuál es la prioridad?

Mientras nos entretenemos en discutir si una mujer que técnicamente ha elegido por voluntad propia ser prostituta debe o no tener derechos como trabajadora, la realidad es que en España más del 90% de las prostitutas son inmigrantes traficadas en situación irregular que proceden de países con graves condiciones socio-económicas.
Esta situación de tremenda explotación tanto económica como de género debe ser nuestra prioridad. Y desde luego está siendo prioridad del PSOE y del Gobierno socialista.
El informe que ha elaborado el grupo socialista para la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer, ha puesto sobre la mesa el debate: ¿deben actuar los poderes públicos sobre el fenómeno de la prostitución? ¿En qué sentido?
En un país como España acostumbrado a los debates duales sin espacios intermedios, rápidamente parecen decantarse dos posturas que en apariencia tienen igual valor: por un lado están aquellas personas que apuestan por regular y normalizar las condiciones “profesionales” de estas mujeres con el objetivo de mejorar su situación y por otro lado, se manifiestan aquellas otras personas partidarias de no dar legalidad a estas transacciones sexuales y luchar por su erradicación. Mientras tanto, el tipo de prostitución que hoy se ejerce en España escapa a esta visión.